Urdangarin y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros
Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.
De esta forma, si bien en la mañana de este jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni
Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una
investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en
cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en
las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit
Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes
Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte,
Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad
Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.
Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto
mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia
haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución,
lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho
supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el
momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y,
en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Un
recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que
finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press,
el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos
criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al
reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las
Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más
en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
